TLC Costa Rica

5. Supuesta inconstitucionalidad de los compromisos de aprobar tratados y leyes y cumplir determinados requisitos en el tramite de formacion de leyes

Se argumenta que seria contrario a la Constitucion el compromiso que asume Costa Rica de aprobar ciertos tratados y leyes dentro de ciertos plazos previstos en el tratado. Este argumento carece de fundamento. En primer lugar, en nuestro medio los tratados internacionales debidamente promulgados tienen autoridad superior a las leyes (articulo 7 de la Constitucion), por lo cual la obligacion del Estado de dictar o reformar ciertas leyes para cumplir con las normas de un tratado internacional, es plenamente admisible. En segundo lugar, la Constitucion expresamente contempla que la potestad legislativa puede quedar sujeta a limitaciones en virtud de compromisos asumidos mediante tratados internacionales, conforme a los principios del Derecho Internacional (articulo 105 parrafo primero).

Notese, ademas, que en otros casos se han contemplado remisiones a otros tratados o compromisos de aprobar otros tratados o leyes, lo cual ha sido examinado por la Sala Constitucional sin que esta haya encontrado problemas de constitucionalidad (voto 7004-94 sobre los Acta Final de la Ronda Uruguay y voto 7005-94 sobre el TLC Costa Rica-Mexico, entre otros).

Se aduce tambien que el articulo 11.7 del TLC es contrario a la Constitucion porque implicaria la obligacion de que un Estado extranjero participe en la formacion de leyes o regulaciones nacionales en cualquier tipo de servicios. Sin embargo, el articulo 11.7 lo que establece es una obligacion general de transparencia, especificamente de que cada Estado parte mantenga mecanismos adecuados para responder a consultas de personas interesadas referentes a regulaciones que vayan a dictarse en relacion con materias cubiertas por el capitulo 11 y responda por escrito, en la medida de lo posible, a los comentarios sustantivos que se reciban de personas interesadas. Esta disposicion, lejos de ser inconstitucional, hace eficaz un principio fundamental del Estado democratico de Derecho, a saber, el principio de transparencia (Articulo 11 de la Constitucion) que se articula mediante la participacion ciudadana en la formacion de las leyes y reglamentos, asi como mediante el derecho de acceso a expedientes administrativos y el debido proceso, garantizados por nuestra Constitucion y regulados en la Ley General de la Administracion Publica y otras leyes.

Cabe aclarar tambien que el articulo 11.7 se aplica exclusivamente a los servicios cubiertos por el capitulo 11, no se aplica a los servicios financieros ni a otros expresamente excluidos por el articulo 11.1.4, ni en el caso de Costa Rica se aplica a telecomunicaciones porque en este tema a Costa Rica no se le aplica el capitulo 13 sino unicamente el anexo 13 del TLC. De todas maneras, tanto el capitulo 12 sobre servicios financieros como el anexo 13 sobre telecomunicaciones incluyen disposiciones especificas sobre transparencia (articulo 12.11 y parrafo IV.3, respectivamente), que son plenamente compatibles con nuestro ordenamiento juridico al igual que el articulo 11.7.

Se aduce ademas que resulta inconstitucional la obligacion impuesta a Costa Rica por la ley de implementacion del TLC en Estados Unidos, la cual instruye al Presidente de ese pais a "certificar" el cumplimiento de los compromisos previstos en el tratado para ponerlo en vigencia respecto a los demas Estados parte. Sin embargo, este asunto propio del Derecho interno de Estados Unidos, no puede ser juzgado a la luz de la Constitucion de Costa Rica. Ademas, nada impide que en un tratado multilateral, como es el TLC, uno o varios de los Estados que lo ratificaron primero verifiquen que los Estados que se incorporan posteriormente cumplan o hayan cumplido con los compromisos establecidos en el tratado, tomando en cuenta que los Estados deben abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado ya firmado y pendiente de aprobacion; ademas, un tratado en vigor obliga a lo pactado en el y las partes estan obligadas a cumplirlo de buena fe (articulos 18 y 26 de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

Por ello es irrelevante juridicamente para Costa Rica lo que disponga la ley de implementacion del TLC en Estados Unidos, mas aun en el caso de un tratado en el que las reservas estan expresamente prohibidas. Costa Rica se rige por lo que establece el tratado firmado, no por lo que dice la legislacion interna de Estados Unidos.

* Colaboraron en la elaboracion de este documento los abogados Esteban Aguero, Alejandra Aguilar, Irene Arguedas, Marianella Arias, Francisco Chacon Bravo, Francisco Chacon Gonzalez, Roberto Echandi, Luis Adolfo Fernandez, Neftali Garro, Gustavo Guillen, Ruben Hernandez Valle, Vicente Lines, Aldo Milano, Fernando Ocampo, Luis Ortiz, Alejandro Pignataro, Eric Scharf, Ronald Saborio, Edgar Tenorio, Alan Thompson, Nelly Vargas, Manuel Ventura y Fabian Volio.

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